Imagen: Sanitarios preparados para atender pacientes de gripe española en el Hospital Naval de Mare Island, California, 10 de diciembre de, 1918. Fuente: Marina EE. UU.
La voracidad de Google por acaparar datos de pacientes obtenidos sin demasiadas contemplaciones quedó al descubierto en una operación que saltó a la prensa del Reino Unido en noviembre de 2018. Alphabet, la empresa matriz a la que pertenece el buscador maniobró para que DeepMind Health, una filial británica de servicios digitales de salud, acabase siendo absorbida por Google. Para su proyecto estrella—la aplicación de asistencia para médicos y enfermeras Streams—, DeepMind Health se había estado alimentando de información confidencial de la sanidad pública de aquel país. 1’7 millones de historiales médicos del hospital Royal Free habían sido transferidos a sus servidores «de forma legal inapropiada», según avisaba el supervisor nacional para asuntos de privacidad ya un año antes de la absorción.
Al producirse esta, se estaba incumpliendo el acuerdo inicial entre DeepMind Health y el Servicio Nacional de Salud —NHS— que aseguraba que los datos sanitarios nunca acabarían en la tecnológica californiana. En aquella reestructuración, se desmanteló además un órgano creado para supervisar cómo se custodiaban los registros médicos sensibles a los que se daba acceso. Aquel control nacional de los datos de los británicos no encajaba en los planes globales de la multinacional norteamericana. El objetivo de escalar mundialmente la app Streams se presentó como justificación para aquella maniobra que acabaría poniendo la información de los pacientes ingleses en manos del buscador para siempre.
Más recientemente, el apetito de las tecnológicas por registrar estados de salud o enfermedad de la gente está tan fuera de control que ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones. A finales del año pasado, un trabajador anónimo de un proyecto secreto, que Google llamaba internamente «Ruiseñor», decidió filtrarlo a la prensa. 50 millones de registros confidenciales de pacientes de hospitales privados estadounidenses se estaban subiendo a los servidores en la nube de la compañía sin pedirles consentimiento y sin que sus médicos lo supieran.
Los acuerdos para transferencias de este tipo de información son frecuentes, pero cada vez se hacen con menos protección de la privacidad de los enfermos o garantías del uso correcto de los datos en el futuro. En particular, Ascension es una red católica de 2600 hospitales, clínicas y centros médicos que había intercambiado sus millones de registros sin informar a sus trabajadores y clientes, y sin ofrecerles opción de excluirse de la transferencia masiva. «Nombres, direcciones, fechas de nacimiento, condiciones médicas, resultados de laboratorio, historial de hospitalización y mucho más» estarían incluidos entre los datos que el proyecto Ruiseñor entrega a Google.
Pocas horas después de la filtración, la compañía se veía obligada a hacer público el proyecto justificándolo como una forma de entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, que algún día salvarán muchas vidas. Sin embargo, no es para eso para lo que la empresa utiliza principalmente el big data que ha ido acumulando. Si se puede permitir ofrecer generosamente servicios gratuitos de búsqueda, email, mapas o instrumentos de videoconferencia, es porque los financia gracias a un mercado subterráneo de derivados creados partir de datos digitales de comportamiento del usuario y de toda la información que se consigue comprar de terceros o extraer de sensores ubicuos en el mundo real. Pronto, Google podría estar en condiciones de ofrecer toda una gama sanitaria de productos predictivos o audiencias microsegmentadas. La información sobre pacientes obtenida en hospitales servirá para que los anunciantes les puedan publicitar seguros o productos relacionados con la salud. Y si alguna vez los ingresos publicitarios flojeasen, sus ingenieros podrían acudir a lo que se atesora en los centros de datos de la empresa para inventar usos rentables innovadores con esa materia prima.
La falta de reparos de Google para traspasar los límites de lo legal y lo socialmente admisible no es ninguna sorpresa, sino su forma habitual de actuar. La novedad es que ese modus operandi se haya extendido a un campo con información especialmente sensible como el de la salud. Pero la carrera entre las tecnológicas exige audacia en un espacio potencialmente muy lucrativo. En los últimos cuatro años, lo sanitario se ha convertido en la próxima frontera para estas empresas.
Los rivales del buscador en la competición son Amazon y Apple. Esta última incluye en los IPhone una app de salud donde, si el usuario es paciente de uno de los 39 sistemas sanitarios colaboradores que han sincronizado los registros con la empresa, puede consultar información médica como alergias, condiciones médicas, vacunas, análisis de laboratorio… Por su parte, su reloj inteligente está equipado con varias prestaciones médicas como la función de electrocardiograma que registra patrones inusuales y puede avisar al usuario o al especialista.
Aunque Apple no vende anuncios como Google, necesita grandes cantidades de datos para desarrollar la IA de Siri. La información privada también se obtiene al filo de lo tolerable por el público o las leyes, a pesar de la imagen que la firma proyecta de compromiso con la privacidad. Extractos de diálogo captados por los iPhone con información sensible —tratos confidenciales, relaciones íntimas, nombres propios—acaban siendo analizados por humanos que trabajan en empresas contratistas sin que Apple informe de ello en las condiciones de uso. En 2019, un trabajador anónimo filtraba estas prácticas a la prensa inglesa.
En medio de la pandemia por el coronavirus, los propietarios de los sistemas operativos de casi todos los smartphones —precisamente, de Google y Apple— anunciaban que pronto tendrían listas ciertas modificaciones para que los bluetooth de sus teléfonos sirvan para las aplicaciones de rastreo de contactos de afectados por la COVID-19. La noticia ha sido recibida con alivio y esperanza. Sin embargo, visto el historial de malas praxis con el tratamiento de los golosos datos de salud por parte de estas dos compañías —que ellas se han dedicado a negar hasta que han sido descubiertas y han tenido que admitir—, no estaría demás preguntarnos si lo que estamos celebrando, en realidad, no será que los zorros hayan accedido encantados a cuidar el gallinero.
Desde mediados de marzo, circulaban diferentes propuestas de tecnologías para ayudar a contener la pandemia respetuosas con la privacidad del usuario. Varios proyectos de universidades y activistas en EE. UU. y Europa proponían una combinación de bluetooth y claves encriptadas para rastrear contactos con aplicaciones lo más descentralizadas posibles. Este enfoque recibió las bendiciones de Google y Apple que han puesto a sus equipos a trabajar para tenerlo implementado a mediados de mayo —incluso incorporado a la próxima actualización del sistema en junio—.
La propuesta descentralizada europea y sus implicaciones aparece comentada con más detalle en otro artículo. Lo chocante en esto es lo exquisitos que nos estamos poniendo de repente con las organizaciones que se encargan de desarrollar aplicaciones que puedan ayudar a contener la propagación de la pandemia —exigiendo, por ejemplo, que sean encriptadas y descentralizadas para proteger la privacidad—, cuando nunca hemos tenido tales prevenciones con esos dos colosos de la centralización de la información —obtenida, en su caso, de forma opaca y desregulada, como acabamos de ver— de los que ahora dependemos para que cualquier software funcione en nuestros teléfonos.
Lo cierto, sin embargo, es que los registros públicos centralizados con información sensible y confidencial siempre han existido en nuestras sociedades. Los hospitales y centros de salud guardan el historial de los pacientes que, muchas veces, se puede consultar online con una firma electrónica. Lo mismo pasa con hacienda, la seguridad social, la policía o los juzgados. Tradicionalmente, quienes obtienen y custodian esa información son funcionarios especializados de cada rama de la administración que se pueden llegar a jugar la carrera o ser fuertemente penalizados por filtraciones maliciosas o imprudentes. Pero las cosas están cambiando desde que se empezó a generalizar un tratamiento de los datos radicalmente opuesto.
Fue precisamente en las oficinas de Google donde el rastro que deja nuestra actividad online empezó a aprovecharse como materia prima para crear productos predictivos que luego se ofrecen a los anunciantes. Ahí es donde comenzó la cosecha indiscriminada, opaca y sin regulación de datos que se salen a buscar a caladeros cada vez más íntimos. En la sanidad pública o la privada por igual, el secreto profesional regulado ha mantenido los datos médicos a salvo por muchos años. Esta situación está cambiando desde que los incentivos económicos para que se filtren esos datos han aumentado al aparecer los mercados digitales en los que se comercia con ellos sin trabas ni restricciones.
Un atisbo inquietante de cómo la economía al estilo de Google intenta penetrar el terreno de la salud pública y de cuáles podrían ser las consecuencias pudo escucharse en una entrevista al fundador de la startup de diagnósticos médicos Curai hecha en ESADE durante el confinamiento. La empresa se dedica a «escalar el km cero del acceso primario a la sanidad mediante la automatización y la inteligencia artificial». Esto implica que, para «poner a trabajar las capacidades de la IA», se necesita antes «capturar y extraer la información correcta del paciente en las fases iniciales de la visita al médico y, entonces, inyectar lo que la IA está capturando de esa información para hacer sugerencias mientras se elabora el diagnóstico y el tratamiento».
Antes de poner sus talentos al servicio de la disrupción en el sector de la salud, Xavier Amatriain ya había logrado innovar en el del entretenimiento trabajando para Netflix. Él fue el responsable del sistema de recomendaciones que, a partir de los datos de comportamiento del usuario registrados por la plataforma, consiguió hacerla más adictiva y rentable que otras. Desde ese mismo punto de partida, los médicos de atención primaria serían un sistema de recomendaciones ineficiente esperando a que el big data y la IA lo mejoren. Al principio de la entrevista, se deja claro que con ello no se pretende sustituir al médico, sino facilitarle la labor. Pero conforme la conversación avanza, se va descubriendo a los que verdaderamente están posicionados para hacerse con este espacio. En el futuro que parece sugerirse, los portales de acceso a la sanidad universal serán los asistentes domésticos como Alexa, Siri o Google home. De la misma manera que los riders son personal eventual esperando a ser sustituidos cuando la automoción autónoma esté lista, los médicos serán prescindibles cuando las máquinas que aprenden perfeccionen la forma de hacer diagnósticos.
Uno de los rasgos de esta economía basada en los datos es una profunda asimetría de la información: la plataforma tecnológica lo sabe casi todo del usuario que apenas sabe nada de lo que sucede en segundo plano con su información personal. La de «usuario» de Internet es, entre los humanos del capitalismo tardío, una faceta especialmente contradictoria. Metidos en ese rol, apenas se tienen reparos en ceder parcelas de privacidad a cambio de unos servicios digitales que, en el fondo, salen menos gratis de lo que parece. Inventar todo tipo de métodos de extracción de valor de los usuarios en la trastienda es otro de los rasgos del modelo. De este modo, aparentemente autónoma y empoderada por herramientas hightech, la existencia online transcurre, sin embargo, encerrada entre unos pocos monopolios digitales que utilizan tecnologías de vigilancia a cada paso.
La respuesta tecnológica a la crisis del coronavirus no ha hecho más que aumentar estas contradicciones. La misma privacidad que se derrocha a cambio de conveniencia en las plataformas digitales se escatima a las administraciones cuando lo que está en juego es la salud. Especialmente en las democracias occidentales, muchos usuarios se han mostrado extremadamente recelosos por las aplicaciones para combatir el virus que se han utilizado en China o Corea del Sur. En países cuyas administraciones públicas han custodiado correctamente los datos de los administrados durante décadas, estas levantan la peor de las sospechas, mientras que las corporaciones que se dedican a comerciar con información privada merecen confianza y aparecen como salvadoras.
Esto sirve para llamar la atención de una situación disfuncional que existe a día de hoy en lo tecnológico: cuando hablamos de big data, inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes que usan datos, las corporaciones globalizadas o los totalitarismos tienen la exclusiva. En general, el público está concienciado frente a estos últimos, pero no tanto ante las primeras que, sin embargo, han mostrado intenciones que no resultan especialmente tranquilizadoras. El proyecto de esas big tech es profundizar en la globlalización y en la privatización del bienestar con ánimo de lucro. Sin embargo, hasta el momento, Uber y Tesla no han conseguido hacer prescindibles los trenes y los metros ni Airbnb solucionar el acceso a la vivienda asequible permitiendo pagar alquileres con estancias turísticas. Muy al contrario, la emergencia sanitaria por el coronavirus está dejando claro que la respuesta real a muchos problemas reales es todavía nacional. De momento, es en el ámbito estatal donde se financian y administran los servicios esenciales y, cuando se trata de democracias, donde sucede la rendición de cuentas de la que, en demasiadas ocasiones, se libran Google, Apple o China.
Además de nacional, la respuesta a la emergencia del coronavirus está siendo, ante todo, material. El material sanitario que escasea ha sido un recordatorio cruel de la necesidad de estar dotados de personal y medios adecuados para proteger la salud de la gente. Siendo realistas, a los enfermos de Covid-19 no se les está curando con patriotismo ni tampoco gracias a Google, sino en los hospitales. Quienes están salvando las vidas de los contagiados son sanitarios que forman parte del personal de la administración. En última instancia, quien se ocupa de dar una respuesta nacional con los medios materiales y humanos disponibles es el estado administrativo y lo hace, a diario o en tiempos de crisis, independientemente del color del gobierno y a pesar de una bronca ideológica continua que solo beneficia a la clase política y no a la ciudadanía.
Desde sectores concretos del espectro ideológico, se viene defendiendo que los servicios públicos son prescindibles y que el individuo, el mercado o las familias ya se bastan. La deconstrucción premeditada del estado administrativo lleva décadas en marcha privándosele de la financiación o los medios humanos y materiales que necesita. Hoy, aunque muchos de sus detractores siguen todavía con el piloto automático y, en algunos casos, protagonizando salidas de tono fuera de lugar, se abre una vía de entendimiento con una mayor predisposición a reconocer que, entre el mercado y las familias, hay un espacio compartido que es peligroso descuidar. En esto, quizás la caída del caballo más sonora de estos días haya sido la del Primer Ministro británico, Boris Johnson, contradiciendo un famoso mantra de Thatcher al afirmar en un vídeo publicado desde su confinamiento que, en momentos especialmente difíciles, es cuando un privilegiado se da cuenta de que la sociedad sí que existe.
También en la cuestión tecnológica, lo material, lo nacional y lo social está saliendo a la superficie con la crisis sanitaria. Puede que estemos en la sociedad de la información, pero la realidad que nos rodea es menos virtual de lo que nos gustaría. Hay acontecimientos que nos ponen los pies en la tierra recordándonos que los átomos todavía siguen siendo más fundamentales que los bits. Es cierto que gracias a las plataformas de contenido digital estamos informados, entretenidos y conectados, pero la ingeniería de los ventiladores o la química de los test de diagnóstico y los retrovirales nos mantienen con vida. A pesar de todos esos datos personales que se cosechan para alimentar a los algoritmos y máquinas que aprenden, hoy vemos que no hay soluciones puramente digitales para problemas sanitarios.
El mercado internacional de equipos de protección, maquinaria para hospitales o test de diagnóstico se ha convertido en un caos endemoniado incluso para potencias como los EE. UU. En aquel país, se está haciendo un llamamiento a un nuevo Proyecto Manhatan, un esfuerzo colectivo coordinado por el gobierno que centralice las compras y coordine a la industria para reorientarse a combatir la pandemia. Una de las enseñanzas de esta crisis es que, mientras que las competencias y la responsabilidad de administrar el bienestar permanezcan a nivel estatal, quizás no haya sido tan buena idea tenerlo todo deslocalizado, en especial, aquello de lo que dependen los servicios más básicos. Y en esto la tecnología no es un sector estratégico, sino algo más; hoy casi todo depende de ella.
En este campo, la deslocalización de los contenidos y los datos digitales es algo sobre lo que reflexionar. Que estos se encuentren centralizados en servidores remotos de corporaciones fuera del alcance de quienes tienen las responsabilidades y competencias en cada área no parece lo óptimo. Aquella conversación entre el cofundador de Curai y un profesor de ESADE documenta la excitación de las escuelas de negocio y los expertos informáticos por las oportunidades de aplicar la economía de los datos a la salud, uno de los principales gastos de familias y gobiernos. Tal y como lo conocemos, este modelo económico privatizará y deslocalizará los aspectos más rentables y escalables de la sanidad que tenderán a acabar en las manos de los que se han hecho dueños de las infraestructuras digitales, que parten con ventaja. Luego, con apenas medios, serán otros los que tendrán que ocuparse de recomponer los platos rotos en el mundo real.
