La prioridad de Uber ya no es «uberizar», sino «amazonizarse». Si hace unos años, hubo que inventar un verbo para describir las consecuencias de su controvertido modelo de negocio —que somete el trabajo de las personas a la mediación de los algoritmos—, resulta que ahora está pensando en dedicarse a otras cosas. Aquella aplicación para reservar trayectos ofrecidos por conductores, profesionales u ocasionales, que se apuntan libremente a la plataforma ya no es lo que más le preocupa. El verdadero quebradero de cabeza de la empresa americana, que en 2018 volvió a arrojar pérdidas por valor de mil ochocientos millones de dólares, es salir de los número rojos. En abril, Uber anunció que piensa convertirse en el Amazon de la movilidad. Pasó entonces a verse a si misma como un mercado digital de transporte multimodal intraurbano. Desde los trayectos en coche, compartidos o no, que ofrecen sus riders, hasta la compra de billetes de metro o los alquilares de bicis y patinetes eléctricos, todo se planificará con su aplicación.
Denver ha sido el área elegida para hacer los ensayos de su transformación. Allí su aplicación de móvil ha empezado a mostrar las opciones de transporte público disponibles como complemento o alternativa a los servicios de sus conductores. El usuario que aterriza en el aeropuerto de Denver, cómo ha comprobado la periodista Julie Walmsley de Forbes, puede ver que un uber compartido le costará el doble de caro y media hora más que el tren, mientras que, por una carrera en solitario, pagará tres veces más para ahorrarse diez minutos. De esta forma, la compañía se arriesga a sacrificar a algunos de sus clientes a esas opciones más baratas que les muestra, pero lo hace con un ambicioso objetivo. Si se lo puede permitir, es por estar conectada al potente pulmón de acero de los fondos de capital riesgo que apuestan por proyectos como el suyo.
No es ningún secreto que Uber sobrevive gracias a la alimentación y la respiración asistidas que le proporcionan el banco japones SoftBank y otros inversores. Lo hacen con la esperanza de que, un día, la verán barrer a sus competidores del mercado. Cuando apareció en escena con su fondo de más de cien mil millones de dólares en 2016, Masayoshi Son causó una conmoción en el denominado VC —capital de alto riesgo—. Las pujas se dispararon y el ritmo de la inversión se aceleró. Sin embargo, no todo el mundo es partidario de esta exuberante forma de invertir que podría estar provocando otra peligrosa burbuja tecnológica. Muchos desconfían del optimismo antropológico del gran gestor, que combina una fe ciega en las posibilidades a largo plazo de las tecnologías con cierta opacidad sobre el verdadero estado de sus empresas.
En SoftBank, el dinero no viene de Japón, sino de fondos soberanos de países con economías que se lo pueden permitir, sobre todo, productores de petróleo. La principal aportación a su Vision Fund, ese poderoso vehículo de inversión en tecnología de un volumen desconocido hasta la fecha, es la del príncipe saudí Mohamed bin Salman. Si acaba saliendo bien, además de beneficios, la jugada tecnológica les permitiría a inversores como él cambiar sus petrodólares por datodólares.
Lo que se obtiene al estar asentado sobre las reservas de recursos naturales —pero agotables— más valiosas del planeta, alcanzaría para hacerse con el control de los suministros de otra materia prima —esta vez infinita— descubierta hace apenas 20 años. La economía de la vigilancia reclama los datos de la experiencia online de los usuarios, precisamente, como materia prima gratuita para fabricar innovadores productos predictivos que alimentan el verdadero mercado de Internet. Las mejores valoraciones son para proyectos basados, de una u otra forma, en la obtención de datos o su aprovechamiento. El mundo subterráneo de los anuncios y las compras por Internet necesitan de un sistema de cañerías que bombean la información personal como petróleo, de plantas donde se refina el valioso big data y de fábricas que, a partir de él, elaboran algoritmos o soluciones de inteligencia artificial. El viejo dinero de Wall Street y los fondos soberanos y el nuevo de las tecnológicas se encuentran en plena partida de póquer para repartirse todo este aparato.
De momento, Uber no tiene en Denver ningún acuerdo con la compañía pública local. Se limita a mostrar las rutas y a facilitar la compra de billetes, sin cobrar comisión. Obtiene los datos gratis de Moovit, un planificador del tránsito desarrollado en Tel Aviv que, a su vez, se sirve de la información de movilidad que hay disponible en abierto.
Es curioso observar como Uber no tiene reparos en echar mano de fuentes públicas de información de movilidad, mientras lleva años ignorando a ayuntamientos, como el de Nueva York, cuando le solicitan que entregue datos anonimizados de su actividad en la ciudad para ayudar a mejorar el tráfico. La preocupación por cuestiones de privacidad sale entonces a relucir. A partir de datos agregados, no es difícil aislar a individuos, se suele recordar. En 2013, hackers activistas fueron capaces de descubrir información sensible en un episodio que todavía se utiliza como ejemplo de lo peligroso que sería obligar a las compañías a entregársela a los gobiernos locales. Los icónicos taxis amarillos de NY tienen necesariamente que estar equipados de aparatos de pago por tarjeta que son, a su vez, sensores de tráfico. La información que recogen se usa para ordenarlo y se publica anonimizada en un portal en abierto a disposición de investigadores o desarrolladores de aplicaciones. Debido a una debilidad en el sistema, se pudo saber en qué restaurante había estado cenando el actor Bradley Cooper y que no había dejado propina. Es un misterio cómo aquella ciudad o incluso la civilización digital consigue sobrevivir a tales fallos de seguridad.
Mientras tanto, por aquellos años, la prensa tecnológica destapaba que la aplicación de Uber rastreaba al usuario antes y después de subirse a los coches o que sus ingenieros se entretenían extrayendo patrones del big data acumulado que publicaban en el blog de la compañía. Se inventaban expresiones graciosas al detectar que alguien había pasado la noche fuera de casa en fin de semana en una probable cita romática.
Para conseguir convertirse en el Amazon de la movilidad, ser un ninja de la gestión de los datos y poseer la infraestructura para manejarlos serán aspectos clave. En el modelo de Uber, los del usuario son propiedad de la corporación que los extrae sin tener que pagar por ellos. Por el mismo precio, se espera tener libre acceso a fuentes de datos públicos. Se da por sentado, además, que se tendrá total libertad para custodiarlos como se quiera sin rendir cuentas ni estar sujeto a normas de transparencia. Hacer de broker para terceros con ellos o comprárselos a otros proveedores a su conveniencia, como ahora sabemos que hacen Facebook y todas las demás, estará permitido sin límites.
Pero también es posible que el chollo de la vigilancia gratuita no dure para siempre. La UE, por ejemplo, está pensando en crear regulaciones que obliguen a las empresas a compartir los datos que extraen de sus clientes. Del lado del usuario, el descontento al saberse espiado va en aumento abriendo una vía para que cuajen alternativas. Al fin y al cabo, tener a mano muchos millones de capital privado no otorga la exclusiva de una visión a largo plazo de lo que se puede llegar a conseguir con la tecnología. En el polo opuesto al experimento de Uber en Denver, está el de Berlkönig en Berlín.
Allí, el Amazón de la movilidad es el servicio público de transporte BVG y su app Jelbi. Con ella, los pasajeros, además de comprar billetes de metro, tren, tram, bus o ferrie, pueden reservar servicios de operadores privados como alquileres de bicicletas, coches, motos o patinetes eléctricos. También se puede pedir un taxi o solicitar un berlkönig, el equivalente a los trayectos compartidos de Uber o Cabify. Este servico se ofrece como público y complementario al resto de la red de transporte urbano. Sus 400 furgonetas son propiedad de la empresa municipal que es la que contrata a los conductores que operan con licencias otorgadas por el ayuntamiento.
La compañía lituana Trafi es quien ha desarrollado la aplicación, por el momento, sin cobrar. Si el proyecto despega, BVG empezará a pagar por el servicio y los desarrolladores tendrán derecho a ofrecérselo a otras ciudades. Los datos anonimizados que se obtengan del tránsito en Berlín a través de Jelbi serán accesibles al ente local. Este ha sido uno de los motivos para impulsar el acuerdo público/privado: el servicio con casi un siglo de antigüedad necesita datos a tiempo real para mantenerse actualizado y mejorar continuamente. Cuando estos están en manos de las compañías, acaban en silos corporativos que los encarecen y dificultan la portabilidad y la interoperatividad con otros servicios urbanos.
Eso precisamente es lo que Francesca Bria cuenta que descubrió al empezar a trabajar para el ayuntamiento de Barcelona. «Cada proveedor tiene un modelo de negocio vertical de tal forma que, en Barcelona, terminabas con problemas como sensores en el pavimento que no dialogan con el iluminado o que no se conectan con otros sensores. Esto produce inoperancia, sí, pero también encierro en un modelo de negocio. Así acabas externalizando servicios urbanos críticos a grandes proveedores, sin ser capaz de cambiar de uno a otro ni mantener el control de los datos o sin, ni siquiera, saber a quién le pertenece qué», decía en 2018 en una entrevista para Cities Today. Bria ha sido hasta hace poco la comisionada de tecnología e innovación digital del ayuntamiento al frente de una serie de iniciativas que se han propuesto desarrollar una smart city que no acabe en manos de los gigantes de la alta tecnología, pero que tampoco ponga los datos bajo el control del ayuntamiento. Para devolvérselos al ciudadano, se están desarrollando programas municipales como la red de sensores Sentilo, la plataforma de participación Decidim o el nuevo marco ético y legal BCN Data Commons. Todas ellas están basadas en la idea de soberanía tecnológica que espera hacerse efectiva con herramientas descentralizas, criptografía, bases de datos en abierto y software libre.
Berlín o Barcelona ya preparan su vía de escape de ese territorio dominado por unos pocos gigantes americanos y chinos en el que se ha convertido lo digital. Y no están solas; hay una emergente corriente que denuncia lo peligroso que se ha vuelto el statu quo actual. Al disiparse ese sueño de utopía tecnológica, tan convenientemente inducido desde Silicon Valley por unos informáticos en zapatillas de deporte aparentemente inofensivos, monumentales asimetrías de información, poder y riqueza se manifiestan ante nosotros con toda su crudeza. Una industria global con una importancia más que estratégica ha acabado en manos de unas decenas de oligopolios que lo acaparan todo.
Voces de alarma, las hay para todos los gustos, cada una con su enfoque. La galesa Carole Cadwalladr, finalista al Pulizter por su investigación del caso Cambridge Analytica, acusó públicamente a los dioses de Silicon Valley en una charla TED de haber roto la democracia. La escritora Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de vigilancia afirma que este es un proyecto que esconde una forma de totalitarismo de la información que ha bautizado como «instrumentarismo». Varios de los que fundaron o financiaron Facebook en sus inicios piden ahora que se le aplique la ley antimonopolios. Les preocupa ver a su exsocio convertido en una especie de despótico zar que acumula tanto poder que les resulta antiamericano. En España, Marta Peinaro, la que fue jefa de la sección de cultura de el Diario.es, cuenta en El enemigo conoce el sistema la historia de la concentración del tecnológico en los últimos 20 años bajo la lógica de la economía de la atención. Mientras, José María Lassalle, el exsecretario de cultura y de agenda digital con el PP, avisa de un «ciberleviatán» en ciernes que amenaza a la democracia liberal con un capitalismo cognitivo de tintes autoritarios.
Todos llaman a regular el sector urgentemente. Algunos acuden a una vieja conocida para hacerlo: la propiedad privada, aplicada, en este caso, a los datos. «Las grandes tecnológicas deberían de pagar por el acceso al petróleo digital de América» decía en un titular el Financial Times en marzo de 2019. Lo que se propone desde los ambientes más liberales es buscar la forma de que las compañías que recogen los beneficios retribuyan a los verdaderos propietarios. En California, por ejemplo, se baraja un dividendo digital a imagen del que ya pagan países como Alaska o Noruega por el petróleo que extraen. Los fondos de riqueza obtenidos con esas aportaciones se invierten para el beneficio de futuras generaciones. Ya hemos visto como muchas veces acaban en Vision Fund —del que Noruega es socio preferente junto con Arabia Saudí—, financiando así el relevo de una industria extractiva a la siguiente.
La Comisión Nacional para las Infraestructuras del Reino Unido ofrece una visión complementaria con más matices. En el siglo XXI los datos forman parte de las infraestructuras. Su funcionamiento, diseño y mantenimiento depende de un suministro de datos de calidad, muchas veces, a tiempo real. Los datos no pueden ser tratados como cualquier otra mercancía que se almacena, se compra y se vende. Su disponibilidad y su uso son necesarios, como acabamos de ver, para los sistemas de movilidad de las ciudades, pero, también, para los investigadores o los hospitales. Los planteamientos que se fijan exclusivamente en la propiedad privada olvidan la dimensión de los datos como bien común. En ciertos aspectos, hay que considerarlos como el agua o una carretera. En 2017, la Comisión británica publicó dos informes, uno sobre los datos como bien común y otro sobre los datos como infraestructura. Allí se exponen diferentes estrategias para la gobernanza de los datos con diferentes roles para las administraciones.
Por otro lado, los daños de la apropiación intensiva de datos sin regulación no son como los del robo de propiedad. Según la escritora Julia Angwin, se parecen más a los de la contaminación, donde no se sabe muy bien quién sufre las consecuencias o quién las causa. Lo nocivo de Cambridge Analytica no es la desposesión o la exposición ilegítimas de los datos de tal o cual persona, sino la conciencia colectiva de que las reglas del juego en las elecciones han cambiado y la noción compartida de la pérdida de calidad democrática que sufre la sociedad en su conjunto. En el plano personal, ir descubriendo todas las formas en las que somos vigilados, al final, nos satura y acabamos desconectando y pensando que, en el fondo, nos sale a cuenta.
En realidad, somos los usuarios quienes vendemos voluntariamente nuestra alma digital al diablo de la vigilancia a cambio de unos servicios que se han convertido en necesidades para una vida social o profesional plena. Un derecho como la propiedad privada tiene poco que objetar al método que utilizan Google y sus discípulos para recolectar toda esa información personal que atesoran. Basta recordar que ha sido adquirida con la cobertura legal de esa parodia de contratos que son los términos y condiciones que se aceptan con un click. Algo que viene resultando un título de atribución de propiedad más que suficiente desde la lógica pura del mercado.
Así las cosas, «Un pacto basado en la propiedad de los datos, los derechos digitales y un liberalismo tecnológico que esté al servicio de una ciudadanía aumentada que dé sentido a las máquinas» del que habla Lassalle en Ciberleviatán corre el riesgo de quedarse corto si no se incorpora esa otra dimensión de los datos como infraestructura y como bien común, presente en los planteamientos de Bria y su equipo, en las peticiones de información de Nueva York a las plataformas o en el experimento con Jelbi en Berlín.
